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En este sitio deseamos poder brindar información relevante sobre el impacto que ha tenido la nueva ley en contra de las putas y toda las actividades que giran en su entorno.
Los nuevos retos y amenazas a las que se enfrentan las putas para poder seguir teniendo la oportunidad de mantener su actividad laboral.
La nueva ley contra la prostitución en España, busca regular y limitar esta actividad, imponiendo sanciones tanto a clientes como a quienes facilitan el trabajo de las putas. Esta normativa tiene como objetivo combatir la explotación sexual y proteger a las personas vulnerables, generando nuevas restricciones en la práctica de la prostitución.
Además de sancionar a los involucrados en actividades conexas con la prostitución, la ley introduce controles más estrictos para los lugares de encuentro y promueve medidas de seguridad para las trabajadoras. Las putas deben estar al tanto de estas implicaciones legales para adaptar su trabajo y evitar sanciones económicas y judiciales.
Las putas están contra la nueva ley, porque limita su capacidad para publicitarse y darse a conocer, debido a que forzaron el cierre de muchas plataformas online que antes les ofrecían seguridad y anonimato. Ahora, el trabajo es más peligroso, ya que algunas se ven obligadas a exponerse en las calles. Sin lugares seguros para concertar citas, enfrentan mayores riesgos físicos y legales, sin protección adecuada. La falta de espacios controlados hace que la actividad sea más vulnerable y menos regulada, afectando su seguridad personal.
Muchas webs especializadas han cerrado por temor a sanciones legales. Esto dificulta la organización de citas seguras y controladas, exponiendo a las escorts a riesgos innecesarios.
Sin plataformas de confianza, las putas ahora enfrentan más riesgos al no poder filtrar a sus clientes de manera efectiva. Esto incrementa el peligro de agresiones y situaciones violentas.
Las putas se han visto forzadas a operar de manera más clandestina, lo que puede llevar a condiciones de trabajo menos seguras y ha una mayor dificultad para acceder a apoyo legal.
La ley también implica sanciones y penas judiciales para quienes facilitan la actividad de las putas, creando un ambiente de constante vigilancia y temor de ser denunciadas o perseguidas.
Ahora las putas han tomado diversas acciones legales y de protesta contra la nueva ley, argumentando que afecta su seguridad y derechos laborales. Han organizado manifestaciones en varias ciudades, presentado demandas legales, y creado campañas de concienciación pública. Estas acciones buscan revertir la normativa y visibilizar los riesgos a los que se enfrentan con su implementación.
Grupos de putas han presentado demandas legales colectivas, argumentando que la ley vulnera sus derechos fundamentales y las expone a más riesgos laborales.
Las putas han salido a las calles en varias ciudades de España, realizando protestas para visibilizar los peligros y limitaciones que enfrentan bajo esta nueva ley.
Las trabajadoras sexuales han unido fuerzas con asociaciones de derechos humanos y laborales para exigir la derogación de la ley y ofrecer soporte a las afectadas.
Algunos grupos de trabajadoras han solicitado reuniones con legisladores para exponer los problemas que enfrentan debido a la ley, buscando posibles enmiendas o derogaciones.