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La entrada en vigor de la nueva ley ha cambiado radicalmente la realidad para quienes ejercen el trabajo sexual. Con restricciones que eliminan espacios seguros como los anuncios y plataformas en línea, muchas prostitutas ahora enfrentan mayores riesgos al intentar sobrevivir en un entorno más hostil y peligroso. Este artículo explora los impactos de esta legislación desde una perspectiva realista.
Uno de los cambios más significativos de esta ley es la prohibición de anuncios y plataformas en línea. Anteriormente, muchas trabajadoras sexuales usaban estos espacios para promover sus servicios, seleccionar a sus clientes y, sobre todo, operar en condiciones más seguras. Sin embargo, con el cierre de estas plataformas, el acceso a herramientas de verificación y filtros desaparece, dejando a las prostitutas en una posición de mayor vulnerabilidad.
Esta medida no solo ha impactado en sus ingresos, sino que también les ha quitado el control sobre cómo y con quién trabajan. Ahora, deben buscar alternativas menos seguras, exponiéndose a situaciones de mayor riesgo.
Con las plataformas cerradas, muchas prostitutas se ven obligadas a regresar a las calles, un entorno que conlleva riesgos físicos y legales significativos. Además de la exposición al acoso y la violencia, las trabajadoras sexuales en la calle son más susceptibles a ser víctimas de trata y explotación.
El objetivo de la ley parece ser proteger, pero en realidad ha empujado a muchas mujeres a escenarios que habían logrado evitar durante años. La criminalización no resuelve el problema; solo lo oculta tras un velo de inseguridad y marginalidad.
El aumento de las restricciones ha llevado a un crecimiento del trabajo sexual clandestino, donde las prostitutas son explotadas por proxenetas o redes ilegales. Al no contar con un marco regulado o herramientas de denuncia efectivas, las trabajadoras pierden su capacidad de negociar condiciones laborales justas o garantizar su seguridad.
Esta situación no solo afecta a las prostitutas, sino también a la sociedad en general, ya que el trabajo clandestino fomenta un ecosistema donde el abuso y la explotación son difíciles de controlar o erradicar.
Muchas prostitutas han expresado su rechazo hacia la nueva ley, ya que sienten que no fueron escuchadas durante el proceso legislativo. Argumentan que, lejos de protegerlas, esta normativa las expone a mayores peligros y reduce significativamente sus oportunidades laborales.
En lugar de enfrentar la realidad del trabajo sexual con un enfoque inclusivo y centrado en los derechos humanos, la ley las ha empujado hacia un panorama lleno de incertidumbre y riesgos.
A pesar de los retos, muchas trabajadoras sexuales abogan por un cambio en el enfoque legal y social hacia su actividad. Regular el trabajo sexual, en lugar de criminalizarlo, podría proporcionar un marco que garantice su seguridad, autonomía y dignidad.
La solución no radica en ignorar la realidad, sino en construir puentes entre las necesidades de las trabajadoras sexuales y las políticas públicas. Escuchar sus voces y respetar sus decisiones es un paso crucial hacia un futuro más seguro para todas.
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